EU se vuelve más antiinmigrante??? s�bado, abril 07, 2008
EU se vuelve más antiinmigrante
Más de 1,100 leyes van debatidas en 2008
WASHINGTON - Un estudio dado a conocer el jueves en Washington D.C. resaltó el despliegue sin precedentes de más de 1,100 proyectos de ley antiinmigrantes debatidos en 44 estados de Estados Unidos durante el primer trimestre de 2008.
Detalles del informe
Durante el desarrollo del Fórum de Primavera de la Conferencia Nacional de Legisladores (NCSL, por su siglas en ingles), esta organización bipartidista presentó un nuevo informe que subraya las crecientes medidas legislativas inmigratorias emprendidas por los diversos estados del país.
El estudio mostró que la mayoría de las legislaciones aprobadas están dirigidas a tratar el cumplimiento de las leyes, el empleo, así como las licencias de conducir y otro tipo de documentación, tanto de inmigrantes legales como de aquellos que se encuentran sin papeles de estadía legal en territorio estadounidense.
"Tal y como sucedió el año pasado, -señala el informe- el creciente número de medidas inmigratorias demuestran la buena disposición de los estados a responder los asuntos que conciernan a la población en un momento en el que el Congreso no se preocupa".
El reporte indica que los diferentes estados presentaron 1,562 medidas legislativas sobre inmigración, 240 de las cuales se convirtieron en ley en 2007.
El año pasado la NCSL reportó que entre 2095 y 2007 más de 1,400 proyectos de ley antiinmigrantes fueron discutidos en varios estados, y que de ellas se aprobaron unas 180 leyes.
En resumen, las ordenanzas prohíben a los propietarios alquilar casas y negocios a indocumentados y otorgan poderes extraordinarios a policías locales para ejercer funciones como agentes de inmigración.La escalada antiinmigrante se desató tras el fracaso en el Congreso de un debate para modificar las actuales leyes de inmigración.
El 15 de diciembre de 2005 la Cámara de Representantes había aprobado una ley basada en un fuerte componente de seguridad nacional para blindar la frontera y criminalizar la estadía indocumentada en Estados Unidos.
Cinco meses más tarde, el 25 de mayo de 2006, el Senado aprobó otra ley que permitía legalizar a la mayoría de los 12 millones de indocumentados, quienes serían divididos en grupos.
Grupo 1. Lo integraban indocumentados que llevaban cinco años o más en el país. Ellos accederían a una residencia temporal de seis años y luego a la residencia permanente. Once años más tarde podrían solicitar la ciudadanía. Se beneficiarían 7.8 millones.
Grupo 2. Lo integraban indocumentados que llevaban más de dos años y menos de cinco en el país. Ellos deberían registrarse en un puesto fronterizo y calificarían para un permiso temporal de trabajo hasta que cumplan cinco años de estadía. Se beneficiarían 3.5 millones.
Grupo 3. Lo integraban indocumentados que llevaban menos de dos años en Estados Unidos, quienes no calificarían paran ningún tipo de beneficio y deberían irse del país. Afectaría a 1.4 millón.
Ambos proyectos debían ser armonizados por el Comité de Conferencia, pero el 3 de junio de 2006 el entonces liderazgo republicano dio por cancelado el debate argumentando que el plan de reforma del Senado no era congruente con las políticas de seguridad del gobierno federal.
La última batalla
La tercera semana de mayo de 2007 una comisión tripartita integrada por representantes demócratas, republicanos y de la Casa Blanca anunciaron la elaboración de una nueva propuesta de reforma que incluía, entre otras recomendaciones, una compleja vía de legalización para indocumentados que se encontraban en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2007 y carecieran de antecedentes criminales.
El Senado inició el debate el 21 de mayo, pero el 28 de junio la propuesta sucumbió ante la falta de apoyo de ambos partidos.
El plan, basado también en un fuerte componente de seguridad nacional para poner fin al tráfico ilegal, recomendaba una vía de legalización que anexaba una residencia temporal de tres años, verificación de identidad, multa de $13,500 por persona y un trámite consular en el país de origen para recibir la residencia permanente.El principal reto que enfrentan los gobiernos locales es definir quién tiene la responsabilidad de asumir el control de la inmigración indocumentada en Estados Unidos, un tema que está regulado por una ley federal modificada por el Congreso en 1996.
La mayoría de ponentes de leyes antiinmigrantes culpan al gobierno federal de Washington, y al Congreso, de no haber hecho mucho por reparar el sistema migratorio que se encuentra "roto", y que esa inactividad obligó a los gobiernos estatales y municipales a adoptar medidas para proteger y resguardar a sus gobernados.
William T. Pound, director ejecutivo de NCSL, dijo en un comunicado que "reconocemos los desafíos que acechan a nuestra nación en materia de inmigración", y agregó que "es esencial que atajemos las necesidades económicas y de seguridad de los estados y sus comunidades mientras reconocemos nuestra historia como una nación de inmigrantes".
En esta línea se pronunció la representante Sharif Tomico (demócrata de Washington), quien afirmó que "en cada rincón del país los estados están debatiendo temas de inmigración".
"Afrontando el fracaso federal para promulgar una reforma migratoria, los legisladores estatales continúan buscando soluciones a los desafíos que plantea la inmigración en sus respectivos estados", remarcó.
Listado de regulaciones
El cumplimiento de las leyes encabeza la lista de proyectos de ley introducidos, con un total de 198 en 35 estados diferentes.
Le sigue la obtención de documentación diversa, con 192 proyectos en también 35 estados.
En tercera posición se encuentra el empleo -179 proyectos en 31 estados-, en cuarta las resoluciones -122 en 28 estados- y en quinto lugar una miscelánea de materias con 104 proyectos de ley en 31 estados.
Completan la lista las temáticas de educación, salud, el tráfico humano, los servicios legales, medidas multi-temáticas o beneficios públicos.
Asimismo, la Conferencia Nacional de Legisladores ha especificado que un total de seis estados no se encuentran en sesiones regulares este año, mientras que dos -Arkansas y Oregón- celebran sesiones especiales.
Detalles del informe
Durante el desarrollo del Fórum de Primavera de la Conferencia Nacional de Legisladores (NCSL, por su siglas en ingles), esta organización bipartidista presentó un nuevo informe que subraya las crecientes medidas legislativas inmigratorias emprendidas por los diversos estados del país.
El estudio mostró que la mayoría de las legislaciones aprobadas están dirigidas a tratar el cumplimiento de las leyes, el empleo, así como las licencias de conducir y otro tipo de documentación, tanto de inmigrantes legales como de aquellos que se encuentran sin papeles de estadía legal en territorio estadounidense.
"Tal y como sucedió el año pasado, -señala el informe- el creciente número de medidas inmigratorias demuestran la buena disposición de los estados a responder los asuntos que conciernan a la población en un momento en el que el Congreso no se preocupa".
El reporte indica que los diferentes estados presentaron 1,562 medidas legislativas sobre inmigración, 240 de las cuales se convirtieron en ley en 2007.
El año pasado la NCSL reportó que entre 2095 y 2007 más de 1,400 proyectos de ley antiinmigrantes fueron discutidos en varios estados, y que de ellas se aprobaron unas 180 leyes.
En resumen, las ordenanzas prohíben a los propietarios alquilar casas y negocios a indocumentados y otorgan poderes extraordinarios a policías locales para ejercer funciones como agentes de inmigración.La escalada antiinmigrante se desató tras el fracaso en el Congreso de un debate para modificar las actuales leyes de inmigración.
El 15 de diciembre de 2005 la Cámara de Representantes había aprobado una ley basada en un fuerte componente de seguridad nacional para blindar la frontera y criminalizar la estadía indocumentada en Estados Unidos.
Cinco meses más tarde, el 25 de mayo de 2006, el Senado aprobó otra ley que permitía legalizar a la mayoría de los 12 millones de indocumentados, quienes serían divididos en grupos.
Grupo 1. Lo integraban indocumentados que llevaban cinco años o más en el país. Ellos accederían a una residencia temporal de seis años y luego a la residencia permanente. Once años más tarde podrían solicitar la ciudadanía. Se beneficiarían 7.8 millones.
Grupo 2. Lo integraban indocumentados que llevaban más de dos años y menos de cinco en el país. Ellos deberían registrarse en un puesto fronterizo y calificarían para un permiso temporal de trabajo hasta que cumplan cinco años de estadía. Se beneficiarían 3.5 millones.
Grupo 3. Lo integraban indocumentados que llevaban menos de dos años en Estados Unidos, quienes no calificarían paran ningún tipo de beneficio y deberían irse del país. Afectaría a 1.4 millón.
Ambos proyectos debían ser armonizados por el Comité de Conferencia, pero el 3 de junio de 2006 el entonces liderazgo republicano dio por cancelado el debate argumentando que el plan de reforma del Senado no era congruente con las políticas de seguridad del gobierno federal.
La última batalla
La tercera semana de mayo de 2007 una comisión tripartita integrada por representantes demócratas, republicanos y de la Casa Blanca anunciaron la elaboración de una nueva propuesta de reforma que incluía, entre otras recomendaciones, una compleja vía de legalización para indocumentados que se encontraban en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2007 y carecieran de antecedentes criminales.
El Senado inició el debate el 21 de mayo, pero el 28 de junio la propuesta sucumbió ante la falta de apoyo de ambos partidos.
El plan, basado también en un fuerte componente de seguridad nacional para poner fin al tráfico ilegal, recomendaba una vía de legalización que anexaba una residencia temporal de tres años, verificación de identidad, multa de $13,500 por persona y un trámite consular en el país de origen para recibir la residencia permanente.El principal reto que enfrentan los gobiernos locales es definir quién tiene la responsabilidad de asumir el control de la inmigración indocumentada en Estados Unidos, un tema que está regulado por una ley federal modificada por el Congreso en 1996.
La mayoría de ponentes de leyes antiinmigrantes culpan al gobierno federal de Washington, y al Congreso, de no haber hecho mucho por reparar el sistema migratorio que se encuentra "roto", y que esa inactividad obligó a los gobiernos estatales y municipales a adoptar medidas para proteger y resguardar a sus gobernados.
William T. Pound, director ejecutivo de NCSL, dijo en un comunicado que "reconocemos los desafíos que acechan a nuestra nación en materia de inmigración", y agregó que "es esencial que atajemos las necesidades económicas y de seguridad de los estados y sus comunidades mientras reconocemos nuestra historia como una nación de inmigrantes".
En esta línea se pronunció la representante Sharif Tomico (demócrata de Washington), quien afirmó que "en cada rincón del país los estados están debatiendo temas de inmigración".
"Afrontando el fracaso federal para promulgar una reforma migratoria, los legisladores estatales continúan buscando soluciones a los desafíos que plantea la inmigración en sus respectivos estados", remarcó.
Listado de regulaciones
El cumplimiento de las leyes encabeza la lista de proyectos de ley introducidos, con un total de 198 en 35 estados diferentes.
Le sigue la obtención de documentación diversa, con 192 proyectos en también 35 estados.
En tercera posición se encuentra el empleo -179 proyectos en 31 estados-, en cuarta las resoluciones -122 en 28 estados- y en quinto lugar una miscelánea de materias con 104 proyectos de ley en 31 estados.
Completan la lista las temáticas de educación, salud, el tráfico humano, los servicios legales, medidas multi-temáticas o beneficios públicos.
Asimismo, la Conferencia Nacional de Legisladores ha especificado que un total de seis estados no se encuentran en sesiones regulares este año, mientras que dos -Arkansas y Oregón- celebran sesiones especiales.
