WASHINGTON - El presidente Barack Obama se reunirá este jueves con líderes del Congreso para espolear el debate sobre la reforma migratoria, aunque existe el gran temor de que no se tienen suficientes votos y no hay un clima político que favorezca su aprobación este año.
Plan bipartidista
La Casa Blanca ha intentado minimizar las expectativas sobre lo que pueda surgir del encuentro -postergado en dos ocasiones por problemas de agenda-, pero ha insistido en que Obama mantiene su compromiso de impulsar la reforma este año.
Simultáneamente, crece la campaña 'Reform Immigration FOR America' que tiene la meta de presionar a la Administración y al Congreso para que aprueben una nueva legislación que legalice a la mayoría de los 11.9 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.
Obama repitió ese compromiso, ya presentado durante la campaña electoral, durante un desayuno de oración con líderes religiosos y comunitarios el viernes pasado.
Lo que no esbozó fue un cronograma para echar a andar la reforma, quizá porque el encuentro del jueves, según ha explicado la Casa Blanca, servirá como "punto de partida" para elaborar una estrategia común sobre el tema.
El debate había sido anunciado a principios de abril cuando el propio presidente dijo que convocaría a una reunión de expertos a comienzos del verano, y que confiaba que para finales de otoño el Congreso recibiría un proyecto de reforma.
La Casa Blanca ha dicho que "la idea -de la reunión- es comenzar a trabajar en un debate más intenso este año".
Nombres en reserva
Se desconocen los nombres de los congresistas de ambos partidos invitados a la reunión que se llevará a cabo en la Casa Blanca.
Después de la primera reunión política bipartidista, la Casa Blanca podría entonces convocar al resto de actores del plan de reforma, entre ellos activistas, religiosos, abogados, sindicalistas y grupos que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.
Obama ha declarado en varias ocasiones que apoya un plan integral que atienda tanto las necesidades de seguridad del país como el enorme costo humano que sufren los inmigrantes indocumentados, cuyo número alcanza los 11.9 millones, de acuerdo con cifras recientes del Pew Hispanic Center.
El presidente prometió en la campaña presidencial que durante su primer año de mandato enviaría al Congreso un proyecto de reforma, plan que podría incluiría una vía de legalización de indocumentados que llevan tiempo en el país, pagan impuestos, cancelen multas y hablen inglés, entre otros requisitos.
COLUMBIA, Carolina del Sur - El gobernador de Carolina del Sur, Mark Sanford, admitió el miércoles que le fue infiel a su esposa y anunció su renuncia como director de Asociación de Gobernadores Republicanos.
Estaba en Argentina
Visiblemente emocionado, el padre de cuatro se disculpó con su esposa, con su equipo y otras personas después de regresar el miércoles de un viaje a la Argentina, tras una ausencia de sus labores, de una semana.
Diversos medios apuntaron a que Sanford estuvo 'desaparecido' desde el jueves de la semana pasada cuando supuestamente comenzaba un período de descanso por sí solo.
Su extraña ausencia fue motivo de un sinfin de especulaciones. Al parecer, Sanford acostumbra tomarse un tiempo de descanso o 'retiro' por su cuenta.
De acuerdo a varias fuentes, Sanford cambió sus planes acerca de su destino vacacional y eligió viajar hacia Argentina sin avisarle a sus colaboradores.
Hoy miércoles, reapareció en la capital del estado y reconoció que había estado en el país sudamericano.
Pero no solo eso. También admitió que le había sido infiel a su esposa y dijo que dejaba su cargo al frente de la asociación que aglutina a los gobernadores republicanos del país.
Añadió además que se trata de una mujer argentina, con quien entabló una relación de amistad al principio, pero que desembocó en el último año en 'otra cosa', como el mismo gobernador reconoció ante las cámaras y los micrófonos.
A la prensa, le pidió que respete a su esposa e hijos -'al menos por ellos, no por mí'- y evite el acoso periodístico 'ya que seguramente estaremos tomando serias decisiones'.
WASHINGTON - El presidente Barack Obama promulgó el miércoles la ley de gastos suplementarios para Irak por $106 mil millones, que incluyó $420 millones para México para la lucha contra el crimen organizado.
Obama agradeció en una declaración escrita distribuida por la Casa Blanca que los legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado hayan hecho a un lado la política partidaria para dar seguridad a las tropas y al pueblo estadounidense.
Responsabilidad compartida
La embajada de México en Washington dio la bienvenida a la promulgación de la ley y agradeció tanto al presidente Barack Obama como a los miembros del Congreso que apoyaron el "nuevo paradigma" de responsabilidad compartida en la relación bilateral.
"La embajada de México agradece y reconoce la participación y liderazgo del presidente Obama para buscar profundizar y ampliar el apoyo a los esfuerzos de México para desarticular el crimen organizado transnacional", destacó.
La distribución
México recibirá $420 millones, de los cuales $260 millones corresponden a apoyo para la Marina mexicana para la compra de aeronaves. La iniciativa de ley incluye cláusulas para asegurar la "entrega expedita" del equipo.
Los recursos serán usados para la entrega de al menos tres aviones "caza" de vigilancia marítima y cuatro helicópteros "Blackhawk" adicionales a los tres Huey Bell de la Iniciativa Mérida.
Los fondos reponen los recortes hechos por el Congreso a la iniciativa.
Otros $160 millones corresponden al apoyo del Departamento de Estado a México bajo su programa de control internacional de narcóticos, lo que significa un aumento en relación con los $66 millones solicitados por la administración Obama.
La iniciativa deja claro que los recursos no podrán ser usados para la compra de combustible para las aeronaves que serán entregadas a la Marina mexicana o para apoyar el costo de su operación o mantenimiento.
El Congreso instruyó a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a entregar en 45 días un reporte que detalle las acciones del gobierno mexicano desde junio de 2008 para investigar y castigar violaciones humanitarias de la policía o el ejército.
En forma específica, el Congreso pide a Clinton detallar las acciones en relación con el asesinato del ciudadano estadunidense Bradley Roland Will, un documentalista muerto en el estado de Oaxaca en 2006 cuando cubría una huelga magisterial.
Por separado, la Administración Federal Antidrogas (DEA) obtuvo dentro de la iniciativa de gastos $20 millones para expandir su programa de Unidades de Investigación Sensitivas (SIU) en México.
También incluye cuatro millones de dólares para que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) actualice su programa de intercambio de pruebas balísticas con México y seis millones para el programa de tráfico de armas en la frontera.
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