28 de diciembre de 1958: con el uso de la fuerza de las policías municipal y auxiliar, y echando mano del personal y los equipos del Cuerpo de Bomberos de Tijuana, cuyos tanques y mangueras sirvieron para bañar a muchos cientos de ciudadanos con aguas negras, el gobierno local impidió que se llevara a cabo un mitin en el que la gente sólo deseaba expresar de manera ordenada y respetuosa su deseo de ser libre y de participar en la vida pública.

            30 de diciembre de 1958: cientos de agentes de las policías judicial del Estado, municipal de Ensenada y Mexicali, y auxiliar de Tijuana, con el uso de rifles y ametralladoras, atacaron cruelmente a la familia Marín, lesionando a sus integrantes, sin reparar en que se trataba de hombres y mujeres libres de culpa e indefensos; en que entre ellos había menores de edad, dos ancianos y una mujer embarazada, a la que haciendo gala de la más vergonzosa valentía varonil policiaca, arrastraron jalándola de sus cabellos para echarla de su casa.

           Esa misma noche, aquellos tan valientes agentes de la autoridad, saquearon la casa que asaltaron, y tomaron para si todo cuanto de valor dentro de ella encontraron; luego le prendieron fuego y las cenizas las aplastaron con maquinaria pesada, y lo mismo hicieron con las casas de otras familias que eran los vecinos inmediatos de los Marín en la zona del antiguo lecho del Río de Tijuana.  Lesionados, despojados y ultrajados, aquellos tijuanenses fueron encerrados en prisión sin haber cometido ningún delito.

           Noche sangrienta y de excesiva barbarie, en la que los gobernantes hicieron uso abusivo de la fuerza material del Estado, para cumplir propósitos personales muy distintos a todo propósito de gobierno legítimo.

           13 de junio de 1959: recién había concluido la celebración de un mitin en Mexicali, y la gente se dispersaba: unos hacia sus casas, otros a las oficinas de su partido.   Inesperadamente, la policía de aquella ciudad abrió fuego a la espalda de la multitud; nunca se supo cuantos mártires cayeron aquella noche, sólo que la fuerza pública hizo desaparecer sus cuerpos inertes.

           2 de agosto de 1959: día de elecciones en Baja California.  El Pueblo salió a votar y las corporaciones de policía sometidas al mando militar, se lanzaron contra los ciudadanos, robando los votos que se habían depositado en las urnas de todas las casillas.  Valiéndose del uso de la fuerza, el gobierno hizo desaparecer las pruebas de su derrota electoral.  Dos civiles murieron por herida de bala y una niña recibió un disparo en la cabeza.

           8 de noviembre de 1959: en Tijuana los ciudadanos participaban en una marcha exigiendo respeto a la voluntad popular que mayoritariamente había derrotado a los candidatos del partido de la revolución; tres mujeres encabezaban aquella marcha, cada una enarbolaba una bandera mexicana. El jefe de la policia auxiliar y sus secuaces más cercanos arrebataron a las mujeres las tres banderas nacionales haciendo de ellas jirones que arrojaron al suelo, pisoteándolas.  De aquella jornada resultaron muchos ciudadanos lesionados en sus cuerpos por la policía que también los apresó, turnándolos al ministerio público.  Enseguida el poder público contó con la abyección de un juez que les dictó formal prisión por considerarlos responsables de las lesiones que a ellos les causó la policía.

           Entre los años de 1958 y 1961, en Baja California se dieron infinidad de casos de uso indebido de la fuerza pública, de verdadero abuso de poder, perpetrado por medio de las corporaciones policiacas y sus agentes, que se repitieron cada vez que los caciques gobernantes quisieron aplastar la voz y los anhelos populares.  Las arenas de la Laguna Salada sirvieron para torturar a líderes políticos cuyos cuerpos desnudos fueron enterrados en ellas, exponiendo sus cabezas al sol, mientras junto a sus oídos se hacían disparos de arma de fuego, para aniquilar su voluntad y hacerles firmar inverosímiles confesiones de delitos inexistentes, que tuvieron que aprenderse de memoria.  Similar uso tan desgraciado se hizo de las playas de Tijuana y Rosarito, en donde también fueron enterrados y torturados muchos jóvenes que la policía presentaba como confesos ante los jueces para que fueran procesados y condenados por lo que no habían hecho y hasta por hechos que nunca jamás fueron delito.

           2 de junio de 1968: pueblo tesonero que no sabe rendirse, de nuevo propinó al régimen de la revolución una derrota electoral que el gobierno destruyó con el uso de la policía que otra vez se respaldó en la fuerza militar, para robarse los votos que la gente había emitido a favor de la oposición.

           Julio a octubre de 1968: cada vez que el pueblo se reunió en la vía pública para protestar por el fraude electoral y para exigir respeto a la voluntad ciudadana, el gobierno usó de la policía con exceso y abuso, lanzándola contra bajacalifornianos a los que a menudo dispersó con el uso de macanas y gases lacrimógenos.

           Aquello no podía ser eterno, porque también al malgobierno, al exceso y al abuso de poder les llega su hora, como efectivamente llegó el día en que el régimen de partido único ya no pudo seguir robándose todas las elecciones que había en México, e introduciendo sistemas de mera contención de la voluntad popular, para justificar con representantes de minoría o de representación proporcional, su detentación totalitaria del poder.

           Primero en Baja California en 1989, y luego en el resto de México, al gobierno de partido único, ya no le alcanzó con el mal uso de la policía para resistirse a compartir el poder con otros partidos.

           Pero aquella repetición constante del mal uso de la policía y sus agentes, que estuvieron por siempre al servicio ilegítimo de los gobernantes, aferrados al poder como cosa propia, formó un modo de ser y de actuar deformador de la vida pública; una contracultura de deshonestidad e impunidad garantizadas, que condicionó al gobierno a no mirar al interior de las policías, a no fiscalizar el actuar de cada uno de sus agentes, a no perseguir y a no castigar nada de lo malo que ellos hicieran, porque llegado el momento, el gobierno requería de la fuerza bruta de aquellos hombres encanallecidos para seguir manteniéndose en el poder; lo cual era para aquella camarilla, desde luego, un propósito de rango superior, que debía cumplirse a cualquier precio.

           Son incontables los hechos que diariamente demuestran que la policía es una institución en crisis, y que está muy lejos de ser y de querer ser un órgano de genuino servicio público.  Haber logrado que en las elecciones la policía ya no se robe las urnas y que los votos se cuenten uno a uno, no es toda la democracia que el país deba vivir.  El gobierno en su relación con la policía, debe también superar la crisis que indiscutiblemente padece, pues para ser democrático en ese campo, debe romper el molde del viejo sistema y obligarse a mirar al interior de las policías, a fiscalizar el actuar y el modo de vivir y de relacionarse de cada uno de sus agentes, a perseguir y a castigar todo lo malo y abusivo que ellos hagan, a sancionar todo cuanto sea deficiente y a exigir pulcritud en el servicio, porque en el tiempo de hoy el gobierno ya no requiere de la fuerza bruta de ningún canalla para mantenerse en el poder, pues ahora los votos se cuentan y no se le escamotean a nadie.

 Para establecer y restablecer, incluso, formas de vida y convivencia más amables, que ofrezcan las menos destemplanzas, en donde el hacer diario transcurra en ambientes de regular tranquilidad, tan necesaria para desarrollar todas las actividades productivas y provechosas, seguro que no será preciso hacer grandes proezas ni destacados inventos. 

 En tanto que la tranquilidad pública atañe a la comunidad entera, constituyendo una cuestión de servicio público que el Estado debe proveer y garantizar, sin duda que siempre requerirá recursos de todo género.  Es conveniente, sin embargo, considerar que tales recursos no siempre han de ser de orden económico y material, y que la preservación del orden público y de la tranquilidad social ha de nutrirse de otros factores, que tal vez ni costosos resulten.

 Cuarteles y academia, capacitación y adiestramiento, armas y parque, vehículos, equipos, radio, teléfono, computadores y otro sinfín de accesorios y novedades tecnológicas, expresarán el tamaño de la fuerza material del Estado, cuya intención será aparecer, desde luego, insuperable.

 Pero todos esos implementos que muestran la potencia del poder público, se hallan enfilados al combate del delito ya cometido, a la persecución de criminales en activo, a la desarticulación de bandas criminales, pero eso que es a todas luces importante, no puede ser todo lo que en materia de seguridad pueda y deba hacerse.

Es imposible evitar el asombro al enterarse de que un hombre que por encargo de otros, y supuestamente por hambre, dado que por cada acción le pagaban un precio considerable, durante años se dedicó a la tarea de desaparecer los cadáveres de personas que su empleador ultimaba, y que esa tarea la desarrolló, al parecer, sin contratiempos disolviendo en químicos a más de trescientos humanos, a los que inútilmente sus parientes buscaban.

También sorprende la historia de un jovencito que a los diecinueve años de edad tomó la decisión de convertirse en un delincuente sin límites y que para hacer prosperar sus ilícitos negocios trasegando drogas, ordenó suprimir, y hasta personalmente suprimió, la vida de muchos que como él también eran personajes de ese inframundo forjado por el crimen  y la violencia, para lo que compró y puso bajo su mando el servicio de muchos agentes policíacos de todas las instancias.

 Fue impactante el relato de aquel hombre, finalmente liberado por elementos del Ejército, que contó el modo de actuar de la enorme empresa secuestradora que lo mantuvo cautivo.

Todas esas son historias de oprobio, de perversión; de la más pura maldad.  Pero, desafortunadamente, son también historias de triunfo; triunfo de la maldad, que aunque no dure para siempre, será por siempre perniciosa, gravemente dañosa y perjudicial.

 Para que sus hechos fuesen conocidos con amplitud por la abrumada comunidad, tan terribles delincuentes nada tuvieron que hacer; sólo fue preciso que su aprehensión se produjera, porque al caer en manos de la autoridad que los enjuiciará, sus desgraciadas historias se han vuelto excesivamente conocidas, dada la pormenorizada y constante difusión de que son objeto a través de los medios que consignan día a día el avance de las investigaciones de cada caso.

 Así, esos individuos y sus historias de horror, quedan expuestos al conocimiento de la colectividad, no sólo como sujetos que merecen castigo por ser protagonistas de tan malas acciones, sino como pésimo ejemplo, que en si mismo lleva el propósito de constituirse en la más desdichada influencia.  No hay que olvidar que entre esos delincuentes hay quienes incursionaron en ese mundillo a partir de la admiración que profesaron a otros personajes igualmente lamentables.

 Esos personajes y sus hechos, de pronto se vuelven leyenda que campea en el ambiente social sin contrapeso; al instante se ofrecen como ejemplo y opción, como meta del torvo y desorientado pupilo que aspira a superar al falso maestro.

 Pero en el medio social abundan las historias de éxito bueno, de acciones encomiables; de personas que jamás se han propuesto dañar a los demás, y que con su hacer cotidiano contribuyen al sano crecimiento de su entorno, de su comunidad.  Historias verdaderas de almas buenas que con humilde entrega sirven a los desvalidos, a los ancianos y a los enfermos.  Historias de gentes que estudian, que investigan, que sorprenden a todos con sus hallazgos benéficos; de jóvenes que construyen inventos, que renuevan la práctica del deporte; de emprendedores que viven innovando el mundo de los negocios; de nuevos valores del arte; de los que cantan, que hacen música y que recorren el país y el mundo; de gente, en suma, que lucha por su país.

 La sociedad y cada uno de sus miembros, especialmente la gente joven, tiene derecho de conocer las historias de éxito que son legítimas y que por ello se disfrutan con orgullo y a la luz del día.

Cuán provechoso sería el que se instaurara como una política de Estado, el reconocer constantemente el esfuerzo de los hombres y las  mujeres de todas las edades que por su dedicación, entrega y perseverancia logran obtener en sus respectivas actividades resultados que los vuelven personas destacadas.  Reconocer su labor trascendente, su éxito bueno, ampliaría para la población, y en particular para los jóvenes, el menú de ejemplos a seguir, la gama de historias dignas de ser imitadas;  los maestros que justamente ambicionan ser superados.

 Para reconocer el éxito digno de emulación, no se necesita hacer grandes gastos ni entregar premios dinerosos en pomposas ceremonias; tal vez baste con pequeños pergaminos, menciones de honor, invitaciones especiales a ciertos actos públicos; con la publicación de entrevistas así en la prensa escrita como en medios electrónicos, que contribuyan a difundir los logros del éxito de los hombres y mujeres de bien.

 En la instrumentación de una política estatal de esa naturaleza, nada se opone a la incorporación de la iniciativa privada y de los medios masivos de comunicación, que unidos al Estado formasen un colegio honorario para reconocer el esfuerzo y los buenos logros de los ciudadanos más sobresalientes en todos los campos de lo productivo.

 Así, cuando aparezcan delincuentes fieros y desalmados, protagonistas de historias crueles e infernales, el contrapeso de la política que difunda sin descanso los hechos del éxito de la gente que vive del bien y para el bien, tal vez reduzca a la nada el efecto nocivo de los ejemplos de perversidad que ofrece el desquiciante mundillo de la delincuencia, que sólo merece el desprecio y la reprobación de todos.

El de 2009 es un año repleto de significado para Baja California, no sólo para Tijuana, o para alguna de sus regiones.  Tiene gran significado tanto para los nativos como para los que con el paso de los años llegaron de otros confines y se han arraigado en esta tierra tan mexicana.

 La Baja California de hoy no se ha hecho en un día, y está muy lejos de ser sólo el resultado de sucesivas acciones felices, carentes de pesares y quebranto.  No es exagerado decir, con la venia de Sir Winston Churchill, que a sus hijos Baja California ha costado sangre, sudor y lágrimas.

 El día llegó en que el antiguo territorio fue convertido en el Estado 29; ambiciosos políticos lo vieron entonces como la más radiante fuente de inagotable riqueza y no tuvieron límite para hacerla propia.  El primer sexenio de la nueva Entidad fue marcado por un gobierno de excesos y abusos, que para imponer su voluntad y saciar sus apetitos pasó por encima de la dignidad de los gobernados, suprimió su libertad cuantas veces quiso; persiguió y torturó a infinidad de personas, y hasta acabó con la vida de muchos que sólo querían ser dueños de su propio destino.

 Era natural que el pueblo pretendiera derechos y libertad, pero fue inconmensurable el costo que se vio obligado a pagar.

 2009 es el Año del Cincuentenario de la campaña electoral de 1959, en la que el pueblo desbordó su entusiasmo a favor de sus anhelos por vivir en democracia.  Eran tiempos en los que, por ejemplo, no existía el subsidio de ley a favor de los partidos políticos, y los de oposición estaban siempre en desventaja frente al partido oficial, que contaba con todo el dinero y demás recursos que el gobierno le ponía siempre a su alcance.  Sin embargo, la participación de los ciudadanos hizo que el PAN superara con mucho al prigobierno y sus candidatos, que ni siquiera con la intervención de cantantes famosos, de bailarinas y conjuntos musicales pudieron jamás conseguir la adhesión de los votantes.  Los anhelos de justicia y libertad movieron a la gran mayoría de los bajacalifornianos a favor de los candidatos del PAN; esos anhelos magnificaron los efectos de la participación popular que con impetuoso ingenio innovó formas de organización, difusión y propaganda, muchas de las cuales son práctica común en nuestros días.

 En aquellos tiempos, el régimen político mexicano, que sólo concebía la democracia como formula escrita y de utilería para efectos de exportación, se armó con todo para aplastar violentamente la voluntad popular expresada en las urnas y para imponer en el gobierno del Estado, en las alcaldías y en el congreso local a los gobernantes más repudiados que Baja California haya padecido jamás, mismos que luego, ya entronizados en esos puestos públicos, continuaron con mayor impiedad la persecución de los hombres y mujeres que sólo ambicionaban ser libres.

 De esa contienda no sólo queda el recuerdo de aquel mal gobierno que, pasando por encima de la ley, abusó de su fuerza material lanzando a la policía, a sus ilegítimas fuerzas de choque y hasta al ejército para dañar al pueblo indefenso.  También quedan ejemplos incomparables de plena entrega y de amor a la Patria de hombres y mujeres nobles que se engrandecieron ante el peligro y que lucharon convencidos por sus ideales para lograr -un día- un país de auténtica democracia.

 El domingo 2 de agosto, el gobierno se robó la elección, pero no pudo arrebatar a la gente el valor para seguir luchando.  Perseguidos y desparecidos, unos; injustamente encarcelados y muchos sin causa enjuiciados; tantos en sus cuerpos lastimados y padeciendo otros la ausencia de familiares de los que nadie pudo despedirse, los bajacalifornianos tuvieron que enfrentar el odio que sobre ellos supo descargar también el gobierno impuesto.

 Parece un cuento de horror, pero es la dolorosa historia sobre la cual descansan las estructuras de la democracia que hoy se vive; es la historia que debe ser contada constantemente para que todos la conozcamos y sepamos de nuestros orígenes, para que sepamos quienes somos y de donde hemos venido y para mejor valorar y conservar la convivencia en la que con tanta naturalidad se nos dice que nuestra voto cuenta y que es nuestra voz y nuestra fuerza.

 Contar esa historia es el mejor homenaje que se le pueda hacer a todos y cada de los héroes anónimos y conocidos de aquella contienda.  A los que en ella perdieron la vida; a los que sufrieron en carne propia el abuso y vivieron para contarlo, a los que no obstante que fueron perseguidos y hasta desterrados, volvieron para honrar sus ideales, persistiendo a través de los años hasta lograr el objetivo de la instauración de la democracia.

 No alcanza el espacio para mencionar a todos aquellos mártires de la democracia, pero algunos de ellos aún viven, y a éstos junto al recuerdo de los que ya se fueron, personalmente les expreso mi admiración más sincera y eterna.

Juan Manuel Salazar Pimentel

juanmsalazarp@gmail.com

 Aun cuando recientemente han traído buenas nuevas, los hechos reiteran verdades que son desde antes bien sabidas.

 Hubo la captura de peligrosos delincuentes en Tijuana y Mexicali, y también la liberación de personas que se hallaban secuestradas; se supo que los detenidos son autores de una buena cantidad de impactantes delitos, y que están ligados a mayores grupos criminales.  Comparados con los cruentos días de noviembre, los días de hoy transcurren ni más ni menos duros que otros.

Pero junto con la buena nueva, la captura de los sicarios trae consigo una nota no muy buena, más bien mala y preocupante.

Las detenciones habidas en Tijuana se dieron gracias a llamadas telefónicas anónimas, y las ocurridas en Mexicali, por un encuentro fortuito de agentes municipales con los malhechores.

Tal vez no sea exagerado decir que esos eventos han sido los logros más destacados que el gobierno actual se pueda atribuir durante su gestión en Baja California, pero todos ellos tuvieron origen en una constante que preocupa.

Esos eventos surgieron de la intervención del pueblo y del acaso.  Ninguno tiene su origen en la actividad investigadora que rutinariamente debiera ejercer el poder público a través de sus órganos para hacer que la seguridad pública sea efectiva.

Sin embargo, de uno y otro han resultado testimonios que son arrebatadores. 

Uno de los hombres liberados por el Ejército, contó al detalle los días de horror que vivió mientras permaneció secuestrado.  También relató el profuso obrar de la empresa que le mantuvo en cautiverio, con lo cual produjo una denuncia pública de tan febril actividad.  Por lo que él dijo, ni duda cabe de que sus sanguinarios secuestradores delinquían a gran escala, causando daño a diestra y siniestra.

 En otro caso, se detuvo a unos sujetos que en mayo habían caído en poder de la autoridad persecutora; pero, entonces sólo se les encuadró un delito que les permitió obtener su libertad.  Cuando en noviembre se les detuvo de nuevo, se supo que en enero de este mismo año tales sujetos ya habían cometido delitos graves, pues en aquellos días, entre otras fechorías, privaron de la vida a un elemento policíaco

 Días después, en Mexicali, se detuvo a un grupo de violentísimos delincuentes con los que se topó una patrulla municipal.  Se trata de una banda cuyo jefe herido cayó en manos de la autoridad.

 El detenido rindió una declaración que contiene el recuento de las actividades perniciosas que, junto con sus secuaces, desarrolló durante cinco años continuos.  

 Pero, bien leída, esa declaración ministerial del reo constituye además una tesis doctoral, que expone con claridad las causas sobre las cuales descansa el desmesurado crecimiento de la delincuencia organizada  en Baja California.

Un alto funcionario estatal ha dicho que un número considerable de policías ministeriales han renunciado por miedo; sin embargo, lo que el detenido de Mexicali declaró, muestra que los agentes de policía no le temen al crimen organizado.  Lejos de eso, existen muchos agentes de las distintas policías que se asocian con esos delincuentes; les prestan servicios, les otorgan protección y hasta evitan que sean perseguidos.  Por eso, entre ellos se conocen y mantienen una convivencia que a ambos les reporta beneficios dado que la adhesión de los agentes gubernamentales es ampliamente pagada por los criminales.  Unos y otros saben desde el principio que la traición se paga con la vida.

Frente a esos agentes que se han coludido con el crimen organizado, se encuentran los que no han querido coludirse.  Sabe Dios cuál de los dos grupos sea más o menos malo, si aquéllos por su abierta traición al pueblo, o si éstos que sabiendo cuanto pasa, prefieren guardar silencio.

 No hay que ir muy lejos para encontrar la verdad de cada hecho; si se quiere cumplir con el deber, investigando los crímenes que a diario acontecen, hay que empezar por poner la casa en orden.  La constante hoy, es la omisión de la función investigadora; mientras esta omisión subsista, se tendrá que poner toda la esperanza en las llamadas telefónicas de denuncia que reciban los militares y en los encuentros inesperados que tenga la policía con alguna célula criminal.

El conjunto de hechos que en este escrito se reseña, deja bien claro que mientras el gobierno le siga apostando a la depuración de los órganos policiales e investigadores, desentendiéndose del desempeño de sus agentes, será difícil contar con instituciones sólidas que se pongan al servicio de la población.

INSTITUCIONES PARA EL PUEBLO, ORFANDAD PARA LOS CRIMINALES 

          JUAN MANUEL SALAZAR PIMENTEL

juanmsalazarp@gmail.com

 Un gran servicio podría hacer el gobierno a la población, en cuanto se trata del asunto de la seguridad pública.

 Son muchísimos los casos en los que la propia autoridad informa que agentes policíacos se involucran directamente en la planeación, diseño y ejecución de acciones delictivas; los códigos penales reservan para tales sujetos penas agravadas y hasta se ha propuesto que se castigue con prisión perpetua, entre otros, a homicidas y secuestradores que sean miembros de corporaciones de seguridad.

La agravación de las penas no es un medio suficiente para inhibir el delito y, en todo caso, la pena es un castigo, una sanción que sobreviene después de consumado el hecho con el cual ya se ha causado daño a las personas en su libertad, en su integridad física o en su patrimonio.

Cierto es que se debe perseguir y castigar a quienes cometan delitos; pero también es verdad que el Estado debiera, cuando menos, intentar que los delitos que afecten a su pueblo no surjan de las manos de sus agentes que le están subordinados.

El Estado invierte parte de sus esfuerzos en la instrumentación de programas de control de confianza, y con su aplicación busca establecer la convicción de que sus agentes que así examina serán capaces y tendrán la voluntad de actuar con rectitud y con apego a la ley.  Se trata de la esperanza de que los examinados se comportarán adecuadamente en el futuro.  ¿Y, si no?

Los exámenes de control de confianza pueden perder su eficacia tan pronto como se aplican, y carecen de la virtud de garantizar que ante determinadas circunstancias o ante posibilidades inéditas los examinados quieran y logren mantenerse fieles a la causa del Estado.

La única confianza que vale es la que se confirma, la que se asegura; aquella cuya verdad puede ser corroborada.

Por fortuna la actividad de servicio público no es algo oculto ni misterioso; se rige por normas legales que definen la relación entre gobierno y gobernados, que por ello contienen el catálogo de atribuciones y deberes que los servidores públicos han de cumplir en el ejercicio de sus cargos.  La ley esclarece qué es lo que deben hacer desde el presidente de la República hasta el más humilde oficial administrativo.

Si en el ejercicio de sus cargos públicos cada quien hace lo que la ley dispone que debe hacer, seguramente quedará muy poco tiempo y mucho menos espacio para dedicarse a actividades extrañas que agravien a la sociedad en general y a cualquiera de sus miembros en particular.

El trabajo real y efectivo debe ser la mejor garantía que el Estado pueda hacer valer para asegurarse de que las corporaciones públicas y sus elementos estén genuinamente al servicio de la población.  El trabajo verdadero -que será aquel que cumpla con la norma legal-  debe ser el medio más idóneo para confirmar la conveniencia de mantener en sus puestos a los empleados del servicio público.  Por eso, el Estado debe incorporar mecanismos de verificación del desempeño de sus servidores para confirmar que éstos cumplen con su trabajo que tienen por ley encomendado.  Acreditar el cabal cumplimiento de las atribuciones y deberes señalados en la ley, es condición fundamental para permanecer en el servicio.

Junto con la verificación del desempeño, desde la solicitud de ingreso y aún después de abandonar el servicio, los elementos de las corporaciones han de quedar bajo la vigilancia del Estado en todo cuanto se refiera a su estilo y forma de vivir; su hacienda de cada uno debe ser congruente con su ingreso comprobable, su estilo de vida y el origen de sus bienes deben estar siempre expuestos al escrutinio del poder estatal; su declaración de situación patrimonial debe ser objeto de comprobación anual, sin que pueda ser reservada sólo para el caso de la conclusión de encargo.

Por lo que los propios gobernantes con frecuencia nos confían, ya se sabe donde está parte del mal que trastoca la seguridad pública; si para remediar los males es preciso conocer las causas, hoy el poder público tiene ante sí la oportunidad de poner los remedios más adecuados para recuperar las instituciones a favor del pueblo.  Si se logra tan sólo que las corporaciones y sus agentes se mantengan en el trabajo, fieles al servicio público, la criminalidad se perdería en la orfandad.