Pudo haberse retraído, apartarse deliberadamente del ejercicio de sus derechos políticos, cuando atónito vio caer los primeros muertos a manos de los agentes policíacos municipales y estatales, que contra indefensos inocentes descargaron fusiles y ametralladoras.[1]
Cantar retirada habría sido lo más natural al saber de los primeros desaparecidos y de los muchos torturados. Para qué seguir adelante luego de atestiguar el encarcelamiento también injusto de cientos de hombres y mujeres que -al igual que los ultimados, los torturados y los desaparecidos- habían cometido el tremendoerror de creerse libres para oponerse a los excesos del gobernador de aquel tiempo.
Nadie habría podido hacerles jamás ningún reproche, si en vez de seguir defendiendo sus derechos se hubiesen replegado, cuando con el uso de maquinaria pesada les destruyeron sus casas para luego quemar lo que de ellas quedó.
Sucedió hace mucho años, cincuenta más o menos, aquí en Baja California. Pero en aquellos tiempos el Pueblo no se doblegó ni se rindió; estaba resuelto a luchar por su libertad y por el libre ejercicio de sus derechos. Frente a sí tuvo, no sólo la fuerza material del Estado, que se usó despiadadamente en su agravio, también padeció la impunidad más completa, cuando los órganos gubernamentales que debían someterse a la ley, se envilecieron poniéndose al servicio del gobernante, para dejar sin castigo todos los abusos y para castigar sin derecho a tantos inocentes.
Muchos, muchos mártires hay de aquellos días, a los que aún se les debe justo reconocimiento.
De aquellos episodios de heroísmo es posible extraer la fuerza que hoy se necesita para sobreponerse al aquelarre perverso que tanto espanta a la población.
La delincuencia es un azote que se ha desplegado incontenible y afecta cada vez más el hacer diario de la gente, de la industria, del comercio, de la academia y de todas las actividades productivas. Motivos habrá que le han permitido pertrecharse sin obstáculos y extender su presencia por todos los rumbos, pues casi no hay colonia o fraccionamiento en donde no se haya localizado una madriguera, una guarida criminal o una muestra de su hacer destructivo.
Pero, por más pertrechado que se encuentre, por más violento que pueda ser y por más extendido que sea su alcance, no pasa de ser un ente en si mismo incapaz de igualar ni superar la fuerza legítima del Estado, cuando éste, apoyado en la ley, se entregue sin reservas al servicio de su pueblo.
Hace cincuenta años, el Pueblo de Baja California fue capaz de enfrentar la fuerza de su propio gobierno, que es la más poderosa que puede existir en un país. Para oponerse entonces a los arrebatos del gobierno, sólo contó a su favor con la razón y el derecho, y cuando fue necesario sacrificó su libertad y hasta ofrendó la vida.
[1] Véanse: "Democracia dirigida con ametralladoras. Baja California: 1958-1960", Primera Edición. Carlos Ortega G. 1961. También los periódicos "El Heraldo de Baja California", "Baja California. Diario Independiente al Servicio del Pueblo", "Noticias. Diario de la Mañana. El periódico de la vida bajacaliforniana", en sus ediciones de noviembre de 1958 a diciembre de 1961. Consúltese, asimismo, el periódico San Diego Union de San Diego Ca., edición del 4 de enero de 1959, entre otros.
Plenos de convicción, nuestros gobernantes nos dicen que los tan abundantes hechos de violencia, de sangre y muerte, se deben a una guerra que, disputándose la plaza, protagonizan bandas del crimen organizado. Con ello dan la impresión de que buscan justificar una resolución, a ojos vistos tomada, de hacer cuanto menos que nada para combatir y revertir la situación.
Más de una vez han dicho, incluso, que son dos los grupos de la delincuencia organizada los que mantienen tan tremenda pelotera.
Mientras tanto, el común de la gente -esa que no se integra a ninguno de los grupos en pugna- ve los muertos caer y, ya muy a menudo, oye la metralla sonar.
Algunos ciudadanos creen que este asunto no les afecta, en tanto que se trata de una pugna entre grupos de delincuentes, y haciendo eco de la pretensión del gobernante, hasta dicen: ¡Que se acaben entre ellos!
Pero la cuestión no puede ser reducida tan simplistamente, porque en esencia es más compleja y dista mucho de ser un espectáculo que podamos elegir ver o no ver.
El fondo del asunto consiste en el objetivo concreto de los delincuentes, que si no aprendemos a descifrarlo, el destino común será inevitablemente doloroso.
Hoy se ve cómo entre unos y otros se aniquilan, y los gobernantes con los brazos casi caídos nos advierten que es porque pelean por la plaza. En la plaza estamos todos, pues nuestra ciudad es el campo en el cual los delincuentes se han trabado, y si atendemos lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, de que plaza es la población en que se hacen operaciones considerables de comercio al por mayor y principalmente de giro, o sea, del conjunto de operaciones o negocios de una empresa, entonces es imposible dejar de ver que el propio gobierno desde ahora anticipa que al final de la contienda en la cual uno de los grupos vencerá a su rival, en esta plaza que es nuestra ciudad, la delincuencia organizada efectuará operaciones considerables de comercio en su giro, que tal vez abarque las drogas, las armas y otras penalidades igualmente mayores.
El diccionario también enseña que plaza es el lugar en el que se venden los mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos, y donde se celebran las ferias, los mercados y fiestas públicas.
Entonces, el objetivo concreto de la delincuencia organizada son los miembros de esta comunidad con los cuales pretende incrementar su lista de consumidores, el número de sus clientes. Porque será con los miembros de nuestra comunidad con los que buscará llevar a cabo, por las buenas o a la mala, todas sus operaciones de comercio al por mayor de aquello que la delincuencia organizada distribuye y vende, que por cierto no son flores ni santas indulgencias.
Así, al pueblo de nada le sirve que los delincuentes se asesinen entre ellos, porque al final de esa pugna, el vencedor tendrá allanado el camino que le permitirá llegar sin obstáculos hasta la puerta de la casa de cada familia para enganchar a los jóvenes hijos que quiere convertir en adquirentes-consumidores de drogas, o en distribuidores, y hasta en secuestradores, sicarios y demás.
Ninguna instancia gubernamental tiene legalmente permitido ceder la plaza, mucho menos cederla a favor de los criminales; su función de servicio público no puede limitarse a recoger cadáveres, únicamente. Enfrentar con la fuerza del Poder Público a los delincuentes es un deber para cuyo cumplimiento no basta entronizarse en el puesto público y tener a la mano los recursos materiales del Estado; también es necesario profesar un mínimo de amor a la patria, por el que aflore un indispensable espíritu de servicio que anteponga el interés común al egoísmo del interés personal o de grupo; asimismo, se ocupa tener valor, esa cualidad de ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros. También es preciso tener humildad para reconocer los propios límites y debilidades.
Revertir la situación de violencia que estremece a la comunidad, requiere que con un poco de humildad, nuestros gobernantes se permitan ver los límites de la capacidad propia, no sólo para confirmar que con lo que tienen les es posible acometer resueltamente, sin temor al peligro, la gran empresa de restablecer el orden público, sometiendo a todos los que contra él se sublevan y procurándoles el condigno castigo; se trata de ponerse al servicio del interés de la comunidad, aunque para ello las naturales ambiciones de proyección y bienestar material deban ser postergadas, todo cuanto sea necesario, por amor a la patria.
Los numerosos hechos delictivos que todos los días reseñan los medios de difusión, obligan a mantener la mayor atención en las leyes vigentes.
La Constitución de México dice que la seguridad pública comprende, es decir, incluye la investigación y persecución de los delitos, ...para hacerla efectiva, o dicho de otro modo: para hacerla real y verdadera.
Así, cuando la Constitución, que es la Ley Suprema del país, define el alcance de la función de ese servicio público que denomina seguridad pública, al mismo tiempo define cómo y cuando ese servicio no es efectivo; cuando deja de ser real y verdadero. La Constitución, ciertamente, es un juez muy severo; en cada una de sus voces expresa mandatos ineludibles, pero en ellos también encierra condenas demoledoras.
Para que la seguridad pública sea efectiva, la Constitución manda que haya investigación y persecución de los delitos. Omitir la práctica de ese mandato constitucional, y aún hacerlo de modo insuficiente, deficiente o arbitrario, actualiza al instante el juicio lapidario de la Constitución que de antemano califica que sin investigación y sin persecución de los delitos la seguridad pública no es efectiva.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, efectivo significa real y verdadero en oposición a quimérico, dudoso o nominal. Por ello, la Constitución, que usa magistralmente el lenguaje, juzga que si no hay investigación y persecución de los delitos, la seguridad pública es sólo una cuestión quimérica, dudosa o nominal, o sea, que de ella sólo se tiene el nombre, pero nada más.
Son muchos, muchísimos los delitos ocurridos en Baja California, y especialmente en Tijuana y Rosarito; pero son pocos, muy pocos los delincuentes hasta hoy perseguidos y encarcelados.
La Ley de Responsabilidades del Estado estatuye que todo servidor público debe desempeñar su función, empleo, cargo o comisión observando siempre los principios de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia, actuando dentro del orden jurídico, respetando en todo momento la Constitución Política, etc., etc.
El orden jurídico exige investigar y perseguir los delitos; la legalidad impone el sometimiento a la ley; la lealtad significa cumplir con fidelidad los deberes del servicio público y las leyes del honor, entendido éste como cualidad moral que lleva al cumplimiento de los deberes propios.
Tal vez los servidores públicos que en Baja California tienen a su cargo las tareas de la prevención, investigación y persecución de los delitos han venido haciendo el mejor de sus esfuerzos que ellos son capaces de desplegar personalmente; sin embargo, los hechos muestran que ni la suma de todos esos esfuerzos ha sido suficiente para restablecer el orden público y devolver al pueblo la paz.
El servicio público también exige honradez y eficiencia, es decir, rectitud y capacidad para conseguir efectivamente los propósitos del bien público temporal. Tal vez sea tiempo de que los servidores del ramo de seguridad pública con lealtad y honradez, con fidelidad y rectitud, digan qué tanto pesa en ellos el juicio despiadado de la Constitución para su desempeño.
La Constitución mexicana estatuye que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que señala.
Define, asimismo, que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución.
Crea un Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sujeta a determinadas bases mínimas, de entre las que es preciso destacar hoy, la primera, que se refiere a:
La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
A nivel estatal, la ley define que la seguridad pública es la función a cargo del Estado y los Municipios que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública. De ahí deriva que el objeto primordial de ese servicio público, es el de mantener el orden y la tranquilidad pública en el Estado, así como proteger la integridad física de las personas y sus bienes; encomienda que queda a cargo del Ejecutivo Estatal y de los Ayuntamientos para que la ejerzan por medio de los respectivos cuerpos de seguridad conforme a la distribución de competencias que la ley contempla.
En Baja California la prestación del servicio de seguridad pública vive una crisis ya muy prolongada. Desde hace muchos meses se repiten de modo constante hechos que atentan contra el orden legal, y que afectan la integridad de las personas y sus derechos, contrariando el orden y la paz pública. Esa situación tan conocida impide que se pueda afirmar que se han cumplido el objeto y los fines legales de la seguridad pública
En el conjunto de los hechos criminosos que a diario consternan a la población, es frecuente saber que se hayan involucrados individuos que son o fueron integrantes de los distintos cuerpos de seguridad; aparecen como jefes de una pandilla, o simplemente como miembros efectivos de la tropa. Muy variada es la gama de actividades y servicios que tales miembros de los cuerpos de seguridad pública prestan a la industria del crimen, pues se ha sabido de casos en que empleados públicos sólo transmiten datos e información sin necesidad de desfilar codo a codo con los delincuentes a los que sirven.
Si la función estatal del servicio de seguridad pública se plantea en términos de contienda y el éxito de su resultado se condiciona al hecho de obtener la victoria sobre la delincuencia, entonces la tarea es doblemente difícil, al considerar la deslealtad, la traición que a menudo escenifican algunos elementos de las corporaciones.
Es considerable el número de miembros de los cuerpos de seguridad que han perdido la vida a manos de la delincuencia. Lo más sorprendente es que en la mayor parte de estos casos de muerte, los victimados fueron blanco específico; su deceso no fue un hecho fortuito; sus victimarios fueron directo hacia ellos con el abierto propósito de suprimir su existencia.
Los órganos investigadores han retrasado la publicación posible de los resultados de su investigación. Así, la población sigue sin conocer los motivos que han dado origen a la matanza de los agentes policiales.
En esas condiciones, los cuerpos de seguridad no están más al servicio de la población. Cada uno de sus integrantes vive presa de la angustia y la zozobra. Está ahí para cuidar de si mismo; para evitar que le acribillen, por eso sus jefes les instruyen para que se cuiden unos a otros, para que se muevan en grupos,... como lo hacen los malhechores.
Es un derecho de la población el que se esclarezca y se publique el origen cierto de tan despiadado ataque a nuestras instituciones de seguridad. La muerte de los agentes de policía no para en el agravio y el dolor que sufran sus deudos. Esta cadena de muertes atenta de manera inmediata contra el funcionamiento regular de la corporación y, por tanto, en contra de la prestación regular y eficiente del servicio, agraviando a la población, más a merced del hampa cada día. Las drogas, el homicidio y el secuestro, acaso sean los delitos de mayor ruido y estridencia; pero el pueblo de la ciudad abandonada en donde todos vivimos, sufre a diario y en carne propia todos los demás delitos que atentan contra su integridad y contra sus bienes.
Los órganos de gobierno deben replantear su actuación que siempre deben basar en la ley. La ley ha sido concebida positivamente, a favor de la integridad de las personas y de sus derechos; a favor de la libertad, el orden y la paz pública. Ordena prevenir el delito, o sea, precaver, evitar, impedir, o estorbar el delito.
Mil motivos han de haber para que la oprobiosa industria del delito haya llegado a disfrutar de un camino así de allanado, sin, o casi sin obstáculos, pero en el momento de hoy, es necesario que a nivel local el régimen tome conciencia de que por mandato constitucional, para que haya seguridad pública efectiva, además de investigar y perseguir el delito, también debe prevenirlo, evitando y estorbando su ejecución, con todos los medios a su alcance.
Algunos de esos medios al alcance del poder público, están a la vista.
¿Qué ha sido de nuestros cuerpos de seguridad? ¿Por qué se atenta contra ellos? ¿Por qué mueren jefes y agentes?
Si el poder público retoma y asume soberanamente el control de los cuerpos de seguridad, vigilando su actuación, exigiendo la rendición de cuentas sin excusas, fincando responsabilidades a quien corresponda, haciendo valer la disciplina y obligando a cada quien que cumpla puntualmente los deberes que la ley le impone y obedezca y ejecute pronta y eficazmente las tareas y comisiones que le asignen sus superiores, entonces se sucederán muchos efectos positivos, entre ellos, el de rescatar para beneficio de la colectividad las instituciones de la seguridad pública.
El rescate auténtico de las corporaciones de seguridad es restitutorio del poder y de la fuerza del Estado, y es una tarea inaplazable.
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