28 de diciembre de 1958: con el uso de la fuerza de las policías municipal y auxiliar, y echando mano del personal y los equipos del Cuerpo de Bomberos de Tijuana, cuyos tanques y mangueras sirvieron para bañar a muchos cientos de ciudadanos con aguas negras, el gobierno local impidió que se llevara a cabo un mitin en el que la gente sólo deseaba expresar de manera ordenada y respetuosa su deseo de ser libre y de participar en la vida pública.

            30 de diciembre de 1958: cientos de agentes de las policías judicial del Estado, municipal de Ensenada y Mexicali, y auxiliar de Tijuana, con el uso de rifles y ametralladoras, atacaron cruelmente a la familia Marín, lesionando a sus integrantes, sin reparar en que se trataba de hombres y mujeres libres de culpa e indefensos; en que entre ellos había menores de edad, dos ancianos y una mujer embarazada, a la que haciendo gala de la más vergonzosa valentía varonil policiaca, arrastraron jalándola de sus cabellos para echarla de su casa.

           Esa misma noche, aquellos tan valientes agentes de la autoridad, saquearon la casa que asaltaron, y tomaron para si todo cuanto de valor dentro de ella encontraron; luego le prendieron fuego y las cenizas las aplastaron con maquinaria pesada, y lo mismo hicieron con las casas de otras familias que eran los vecinos inmediatos de los Marín en la zona del antiguo lecho del Río de Tijuana.  Lesionados, despojados y ultrajados, aquellos tijuanenses fueron encerrados en prisión sin haber cometido ningún delito.

           Noche sangrienta y de excesiva barbarie, en la que los gobernantes hicieron uso abusivo de la fuerza material del Estado, para cumplir propósitos personales muy distintos a todo propósito de gobierno legítimo.

           13 de junio de 1959: recién había concluido la celebración de un mitin en Mexicali, y la gente se dispersaba: unos hacia sus casas, otros a las oficinas de su partido.   Inesperadamente, la policía de aquella ciudad abrió fuego a la espalda de la multitud; nunca se supo cuantos mártires cayeron aquella noche, sólo que la fuerza pública hizo desaparecer sus cuerpos inertes.

           2 de agosto de 1959: día de elecciones en Baja California.  El Pueblo salió a votar y las corporaciones de policía sometidas al mando militar, se lanzaron contra los ciudadanos, robando los votos que se habían depositado en las urnas de todas las casillas.  Valiéndose del uso de la fuerza, el gobierno hizo desaparecer las pruebas de su derrota electoral.  Dos civiles murieron por herida de bala y una niña recibió un disparo en la cabeza.

           8 de noviembre de 1959: en Tijuana los ciudadanos participaban en una marcha exigiendo respeto a la voluntad popular que mayoritariamente había derrotado a los candidatos del partido de la revolución; tres mujeres encabezaban aquella marcha, cada una enarbolaba una bandera mexicana. El jefe de la policia auxiliar y sus secuaces más cercanos arrebataron a las mujeres las tres banderas nacionales haciendo de ellas jirones que arrojaron al suelo, pisoteándolas.  De aquella jornada resultaron muchos ciudadanos lesionados en sus cuerpos por la policía que también los apresó, turnándolos al ministerio público.  Enseguida el poder público contó con la abyección de un juez que les dictó formal prisión por considerarlos responsables de las lesiones que a ellos les causó la policía.

           Entre los años de 1958 y 1961, en Baja California se dieron infinidad de casos de uso indebido de la fuerza pública, de verdadero abuso de poder, perpetrado por medio de las corporaciones policiacas y sus agentes, que se repitieron cada vez que los caciques gobernantes quisieron aplastar la voz y los anhelos populares.  Las arenas de la Laguna Salada sirvieron para torturar a líderes políticos cuyos cuerpos desnudos fueron enterrados en ellas, exponiendo sus cabezas al sol, mientras junto a sus oídos se hacían disparos de arma de fuego, para aniquilar su voluntad y hacerles firmar inverosímiles confesiones de delitos inexistentes, que tuvieron que aprenderse de memoria.  Similar uso tan desgraciado se hizo de las playas de Tijuana y Rosarito, en donde también fueron enterrados y torturados muchos jóvenes que la policía presentaba como confesos ante los jueces para que fueran procesados y condenados por lo que no habían hecho y hasta por hechos que nunca jamás fueron delito.

           2 de junio de 1968: pueblo tesonero que no sabe rendirse, de nuevo propinó al régimen de la revolución una derrota electoral que el gobierno destruyó con el uso de la policía que otra vez se respaldó en la fuerza militar, para robarse los votos que la gente había emitido a favor de la oposición.

           Julio a octubre de 1968: cada vez que el pueblo se reunió en la vía pública para protestar por el fraude electoral y para exigir respeto a la voluntad ciudadana, el gobierno usó de la policía con exceso y abuso, lanzándola contra bajacalifornianos a los que a menudo dispersó con el uso de macanas y gases lacrimógenos.

           Aquello no podía ser eterno, porque también al malgobierno, al exceso y al abuso de poder les llega su hora, como efectivamente llegó el día en que el régimen de partido único ya no pudo seguir robándose todas las elecciones que había en México, e introduciendo sistemas de mera contención de la voluntad popular, para justificar con representantes de minoría o de representación proporcional, su detentación totalitaria del poder.

           Primero en Baja California en 1989, y luego en el resto de México, al gobierno de partido único, ya no le alcanzó con el mal uso de la policía para resistirse a compartir el poder con otros partidos.

           Pero aquella repetición constante del mal uso de la policía y sus agentes, que estuvieron por siempre al servicio ilegítimo de los gobernantes, aferrados al poder como cosa propia, formó un modo de ser y de actuar deformador de la vida pública; una contracultura de deshonestidad e impunidad garantizadas, que condicionó al gobierno a no mirar al interior de las policías, a no fiscalizar el actuar de cada uno de sus agentes, a no perseguir y a no castigar nada de lo malo que ellos hicieran, porque llegado el momento, el gobierno requería de la fuerza bruta de aquellos hombres encanallecidos para seguir manteniéndose en el poder; lo cual era para aquella camarilla, desde luego, un propósito de rango superior, que debía cumplirse a cualquier precio.

           Son incontables los hechos que diariamente demuestran que la policía es una institución en crisis, y que está muy lejos de ser y de querer ser un órgano de genuino servicio público.  Haber logrado que en las elecciones la policía ya no se robe las urnas y que los votos se cuenten uno a uno, no es toda la democracia que el país deba vivir.  El gobierno en su relación con la policía, debe también superar la crisis que indiscutiblemente padece, pues para ser democrático en ese campo, debe romper el molde del viejo sistema y obligarse a mirar al interior de las policías, a fiscalizar el actuar y el modo de vivir y de relacionarse de cada uno de sus agentes, a perseguir y a castigar todo lo malo y abusivo que ellos hagan, a sancionar todo cuanto sea deficiente y a exigir pulcritud en el servicio, porque en el tiempo de hoy el gobierno ya no requiere de la fuerza bruta de ningún canalla para mantenerse en el poder, pues ahora los votos se cuentan y no se le escamotean a nadie.