Juan Manuel Salazar Pimentel

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 Aun cuando recientemente han traído buenas nuevas, los hechos reiteran verdades que son desde antes bien sabidas.

 Hubo la captura de peligrosos delincuentes en Tijuana y Mexicali, y también la liberación de personas que se hallaban secuestradas; se supo que los detenidos son autores de una buena cantidad de impactantes delitos, y que están ligados a mayores grupos criminales.  Comparados con los cruentos días de noviembre, los días de hoy transcurren ni más ni menos duros que otros.

Pero junto con la buena nueva, la captura de los sicarios trae consigo una nota no muy buena, más bien mala y preocupante.

Las detenciones habidas en Tijuana se dieron gracias a llamadas telefónicas anónimas, y las ocurridas en Mexicali, por un encuentro fortuito de agentes municipales con los malhechores.

Tal vez no sea exagerado decir que esos eventos han sido los logros más destacados que el gobierno actual se pueda atribuir durante su gestión en Baja California, pero todos ellos tuvieron origen en una constante que preocupa.

Esos eventos surgieron de la intervención del pueblo y del acaso.  Ninguno tiene su origen en la actividad investigadora que rutinariamente debiera ejercer el poder público a través de sus órganos para hacer que la seguridad pública sea efectiva.

Sin embargo, de uno y otro han resultado testimonios que son arrebatadores. 

Uno de los hombres liberados por el Ejército, contó al detalle los días de horror que vivió mientras permaneció secuestrado.  También relató el profuso obrar de la empresa que le mantuvo en cautiverio, con lo cual produjo una denuncia pública de tan febril actividad.  Por lo que él dijo, ni duda cabe de que sus sanguinarios secuestradores delinquían a gran escala, causando daño a diestra y siniestra.

 En otro caso, se detuvo a unos sujetos que en mayo habían caído en poder de la autoridad persecutora; pero, entonces sólo se les encuadró un delito que les permitió obtener su libertad.  Cuando en noviembre se les detuvo de nuevo, se supo que en enero de este mismo año tales sujetos ya habían cometido delitos graves, pues en aquellos días, entre otras fechorías, privaron de la vida a un elemento policíaco

 Días después, en Mexicali, se detuvo a un grupo de violentísimos delincuentes con los que se topó una patrulla municipal.  Se trata de una banda cuyo jefe herido cayó en manos de la autoridad.

 El detenido rindió una declaración que contiene el recuento de las actividades perniciosas que, junto con sus secuaces, desarrolló durante cinco años continuos.  

 Pero, bien leída, esa declaración ministerial del reo constituye además una tesis doctoral, que expone con claridad las causas sobre las cuales descansa el desmesurado crecimiento de la delincuencia organizada  en Baja California.

Un alto funcionario estatal ha dicho que un número considerable de policías ministeriales han renunciado por miedo; sin embargo, lo que el detenido de Mexicali declaró, muestra que los agentes de policía no le temen al crimen organizado.  Lejos de eso, existen muchos agentes de las distintas policías que se asocian con esos delincuentes; les prestan servicios, les otorgan protección y hasta evitan que sean perseguidos.  Por eso, entre ellos se conocen y mantienen una convivencia que a ambos les reporta beneficios dado que la adhesión de los agentes gubernamentales es ampliamente pagada por los criminales.  Unos y otros saben desde el principio que la traición se paga con la vida.

Frente a esos agentes que se han coludido con el crimen organizado, se encuentran los que no han querido coludirse.  Sabe Dios cuál de los dos grupos sea más o menos malo, si aquéllos por su abierta traición al pueblo, o si éstos que sabiendo cuanto pasa, prefieren guardar silencio.

 No hay que ir muy lejos para encontrar la verdad de cada hecho; si se quiere cumplir con el deber, investigando los crímenes que a diario acontecen, hay que empezar por poner la casa en orden.  La constante hoy, es la omisión de la función investigadora; mientras esta omisión subsista, se tendrá que poner toda la esperanza en las llamadas telefónicas de denuncia que reciban los militares y en los encuentros inesperados que tenga la policía con alguna célula criminal.

El conjunto de hechos que en este escrito se reseña, deja bien claro que mientras el gobierno le siga apostando a la depuración de los órganos policiales e investigadores, desentendiéndose del desempeño de sus agentes, será difícil contar con instituciones sólidas que se pongan al servicio de la población.