LA CIUDAD ABANDONADA.

 Juan Manuel Salazar Pimentel

juanmsalazarp@gmail.com

La Constitución mexicana estatuye que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que señala.

 Define, asimismo, que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución.

 Crea un Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sujeta a determinadas bases mínimas, de entre las que es preciso destacar hoy, la primera, que se refiere a:

 La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

 A nivel estatal, la ley define que la seguridad pública es la función a cargo del Estado y los Municipios que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública.  De ahí deriva que el objeto primordial de ese servicio público, es el de mantener el orden y la tranquilidad pública en el Estado, así como proteger la integridad física de las personas y sus bienes; encomienda que queda a cargo del Ejecutivo Estatal y de los Ayuntamientos para que la ejerzan por medio de los respectivos cuerpos de seguridad conforme a la distribución de competencias que la ley contempla.

 En Baja California la prestación del servicio de seguridad pública vive una crisis ya muy prolongada. Desde hace muchos meses se repiten de modo constante hechos que atentan contra el orden legal, y que afectan la integridad de las personas y sus derechos, contrariando el orden y la paz pública.  Esa situación tan conocida impide que se pueda afirmar que se han cumplido el objeto y los fines legales de la seguridad pública

En el conjunto de los hechos criminosos que a diario consternan a la población, es frecuente saber que se hayan involucrados individuos que son o fueron integrantes de los distintos cuerpos de seguridad; aparecen como jefes de una pandilla, o simplemente como miembros efectivos de la tropa. Muy variada es la gama de actividades y servicios que tales miembros de los cuerpos de seguridad pública prestan a la industria del crimen, pues se ha sabido de casos en que empleados públicos sólo transmiten datos e información sin necesidad de desfilar codo a codo con los delincuentes a los que sirven.

Si la función estatal del servicio de seguridad pública se plantea en términos de contienda y el éxito de su resultado se condiciona al hecho de obtener la victoria sobre la delincuencia, entonces la tarea es doblemente difícil, al considerar la deslealtad, la traición que a menudo escenifican algunos elementos de las corporaciones.

Es considerable el número de miembros de los cuerpos de seguridad que han perdido la vida a manos de la delincuencia.  Lo más sorprendente es que en la mayor parte de estos casos de muerte, los victimados fueron blanco específico; su deceso no fue un hecho fortuito; sus victimarios fueron directo hacia ellos con el abierto propósito de suprimir su existencia.

Los órganos investigadores han retrasado la publicación posible de los resultados de su investigación.  Así, la población sigue sin conocer los motivos que han dado origen a la matanza de los agentes policiales.

En esas condiciones, los cuerpos de seguridad no están más al servicio de la población.  Cada uno de sus integrantes vive presa de la angustia y la zozobra.  Está ahí para cuidar de si mismo; para evitar que le acribillen, por eso sus jefes les instruyen para que se cuiden unos a otros, para que se muevan en grupos,... como lo hacen los malhechores.

 Es un derecho de la población el que se esclarezca y se publique el origen cierto de tan despiadado ataque a nuestras instituciones de seguridad.  La muerte de los agentes de policía no para en el agravio y el dolor que sufran sus deudos.  Esta cadena de muertes atenta de manera inmediata contra el funcionamiento regular de la corporación y, por tanto, en contra de la prestación regular y eficiente del servicio, agraviando a la población, más a merced del hampa cada día.  Las drogas, el homicidio y el secuestro, acaso sean los delitos de mayor ruido y estridencia; pero el pueblo de la ciudad abandonada en donde todos vivimos, sufre a diario y en carne propia todos los demás delitos que atentan contra su integridad y contra sus bienes.

Los órganos de gobierno deben replantear su actuación que siempre deben basar en la ley.  La ley ha sido concebida positivamente, a favor de la integridad de las personas y de sus derechos; a favor de la libertad, el orden y la paz pública.  Ordena prevenir el delito, o sea, precaver, evitar, impedir, o estorbar el delito.

Mil motivos han de haber para que la oprobiosa industria del delito haya llegado a disfrutar de un camino así de allanado, sin, o casi sin obstáculos, pero en el momento de hoy, es necesario que a nivel local el régimen tome conciencia de que por mandato constitucional, para que haya seguridad pública efectiva, además de investigar y perseguir el delito, también debe prevenirlo, evitando y estorbando su ejecución, con todos los medios a su alcance.

 Algunos de esos medios al alcance del poder público, están a la vista.

 ¿Qué ha sido de nuestros cuerpos de seguridad? ¿Por qué se atenta contra ellos? ¿Por qué mueren jefes y agentes?

 Si el poder público retoma y asume soberanamente el control de los cuerpos de seguridad, vigilando su actuación, exigiendo la rendición de cuentas sin excusas, fincando responsabilidades a quien corresponda, haciendo valer la disciplina y obligando a cada quien que cumpla puntualmente los deberes que la ley le impone y obedezca y ejecute pronta y eficazmente las tareas y comisiones que le asignen sus superiores, entonces se sucederán muchos efectos positivos, entre ellos, el de rescatar para beneficio de la colectividad las instituciones de la seguridad pública.

El rescate auténtico de las corporaciones de seguridad es restitutorio del poder y de la fuerza del Estado, y es una tarea inaplazable.