INSTITUCIONES PARA EL PUEBLO, ORFANDAD PARA LOS CRIMINALES 

          JUAN MANUEL SALAZAR PIMENTEL

juanmsalazarp@gmail.com

 Un gran servicio podría hacer el gobierno a la población, en cuanto se trata del asunto de la seguridad pública.

 Son muchísimos los casos en los que la propia autoridad informa que agentes policíacos se involucran directamente en la planeación, diseño y ejecución de acciones delictivas; los códigos penales reservan para tales sujetos penas agravadas y hasta se ha propuesto que se castigue con prisión perpetua, entre otros, a homicidas y secuestradores que sean miembros de corporaciones de seguridad.

La agravación de las penas no es un medio suficiente para inhibir el delito y, en todo caso, la pena es un castigo, una sanción que sobreviene después de consumado el hecho con el cual ya se ha causado daño a las personas en su libertad, en su integridad física o en su patrimonio.

Cierto es que se debe perseguir y castigar a quienes cometan delitos; pero también es verdad que el Estado debiera, cuando menos, intentar que los delitos que afecten a su pueblo no surjan de las manos de sus agentes que le están subordinados.

El Estado invierte parte de sus esfuerzos en la instrumentación de programas de control de confianza, y con su aplicación busca establecer la convicción de que sus agentes que así examina serán capaces y tendrán la voluntad de actuar con rectitud y con apego a la ley.  Se trata de la esperanza de que los examinados se comportarán adecuadamente en el futuro.  ¿Y, si no?

Los exámenes de control de confianza pueden perder su eficacia tan pronto como se aplican, y carecen de la virtud de garantizar que ante determinadas circunstancias o ante posibilidades inéditas los examinados quieran y logren mantenerse fieles a la causa del Estado.

La única confianza que vale es la que se confirma, la que se asegura; aquella cuya verdad puede ser corroborada.

Por fortuna la actividad de servicio público no es algo oculto ni misterioso; se rige por normas legales que definen la relación entre gobierno y gobernados, que por ello contienen el catálogo de atribuciones y deberes que los servidores públicos han de cumplir en el ejercicio de sus cargos.  La ley esclarece qué es lo que deben hacer desde el presidente de la República hasta el más humilde oficial administrativo.

Si en el ejercicio de sus cargos públicos cada quien hace lo que la ley dispone que debe hacer, seguramente quedará muy poco tiempo y mucho menos espacio para dedicarse a actividades extrañas que agravien a la sociedad en general y a cualquiera de sus miembros en particular.

El trabajo real y efectivo debe ser la mejor garantía que el Estado pueda hacer valer para asegurarse de que las corporaciones públicas y sus elementos estén genuinamente al servicio de la población.  El trabajo verdadero -que será aquel que cumpla con la norma legal-  debe ser el medio más idóneo para confirmar la conveniencia de mantener en sus puestos a los empleados del servicio público.  Por eso, el Estado debe incorporar mecanismos de verificación del desempeño de sus servidores para confirmar que éstos cumplen con su trabajo que tienen por ley encomendado.  Acreditar el cabal cumplimiento de las atribuciones y deberes señalados en la ley, es condición fundamental para permanecer en el servicio.

Junto con la verificación del desempeño, desde la solicitud de ingreso y aún después de abandonar el servicio, los elementos de las corporaciones han de quedar bajo la vigilancia del Estado en todo cuanto se refiera a su estilo y forma de vivir; su hacienda de cada uno debe ser congruente con su ingreso comprobable, su estilo de vida y el origen de sus bienes deben estar siempre expuestos al escrutinio del poder estatal; su declaración de situación patrimonial debe ser objeto de comprobación anual, sin que pueda ser reservada sólo para el caso de la conclusión de encargo.

Por lo que los propios gobernantes con frecuencia nos confían, ya se sabe donde está parte del mal que trastoca la seguridad pública; si para remediar los males es preciso conocer las causas, hoy el poder público tiene ante sí la oportunidad de poner los remedios más adecuados para recuperar las instituciones a favor del pueblo.  Si se logra tan sólo que las corporaciones y sus agentes se mantengan en el trabajo, fieles al servicio público, la criminalidad se perdería en la orfandad.